Los $ 172 millones (más intereses) que la Provincia le pidió prestado en octubre a la Caja Popular de Ahorros (CPA), para poder cubrir eventuales contingencias financieras, fueron devueltos ayer -en su totalidad- por el Poder Ejecutivo (PE).

El interventor de la entidad crediticia, Armando "Cacho" Cortalezzi, confirmó a LA GACETA que durante la mañana de ayer el PE realizó el traspaso de los $ 160 millones que restaban devolver, en el marco de la operatoria que fue ratificada por la Legislatura, a través de la Ley N° 8.524 y que fue sancionada el 10 de octubre. Cabe señalar que el PE ya le devolvió a la Caja -en noviembre- unos $ 17 millones.

Sucede que el 31 de diciembre expiraba el plazo para que el PE deposite el dinero. El traspaso de fondos se produjo ayer, ya que el lunes la actividad en la city será reducida (hasta las 13) y no habrá clearing bancario. "Ayer firmamos el traspaso de fondos y todo el dinero ya se encuentra en custodia de la Caja", señaló Cortalezzi, al tiempo que anticipó que el miércoles repetirá la operatoria financiera con el Gobierno. "Así lo establece la ley y el 2 de enero vamos a firmar un nuevo convenio hasta el 31 de diciembre de 2013. La Provincia podrá contar con los fondos y la Caja recibirá a cambio las Letras del Tesoro", adelantó el legislador alperovichista en uso de licencia.

La norma autorizó al interventor de la Caja Popular de Ahorros a firmar un convenio con el Gobierno para sustituir los recursos del Fondo de Garantía del Departamento Seguros de la CPA por Letras de Tesorería de la Provincia. En consecuencia, con una autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación, firmada por Juan Bontempo el 26 de septiembre, el PE tomó plazos fijos por $ 172 millones de la CPA, cuyos certificados se encontraban en custodia del Banco Francés.

La Ley N° 8.524 fue aprobada por la Legislatura el 10 de octubre. Dos días después, fue promulgada por el gobernador, José Alperovich. Desde ese momento, el mandatario provincial mantiene un duro enfrentamiento político con el gremio bancario. Sus dirigentes se opusieron a la cesión de recursos de la entidad y llevaron sus reclamos a la Justicia.

Según el contrato firmado, el dinero tomado por el Gobierno es a una tasa de interés del 16% anual.